Context

La sanidad del olivar y sus productos constituye en la actualidad un elemento fundamental en el ámbito de la producción agraria; las plagas y las enfermedades que los afectan pueden llegar a ocasionar graves perdidas de producción y, por tanto, reducir la competitividad del sector olivarero.
Por otra parte, en un contexto de globalización como en el que nos encontramos, en el que el movimiento de mercancías procedentes de cualquier parte del planeta es una realidad, la entrada de nuevas plagas representa un riesgo real de cara a mantener un óptimo estado fitosanitario de los olivares de nuestra región.
Desde 2014 es obligatorio seguir los principios de Gestión Integrada de Plagas (GIP). La Gestión Integrada de Plagas consiste en el examen cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal disponibles, y posterior integración de medidas adecuadas, para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos y mantener el uso de productos fitosanitarios y otras formas de intervención en niveles que estén económica y ecológicamente justificados, y que reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.  El Umbral de Daño Económico (UDE) indica el tiempo oportuno para decidir una acción de prevención. Es así, que el nivel de daño económico varia con el tiempo y lugar durante una temporada y es sensible a las condiciones ambientales, a las practicas agronómicas, a los costos de los insumos y a las condiciones de precio del producto en el mercado. Se trata, por tanto, de un factor crítico dentro de la GIP, siendo de vital importancia ser capaz de conocer su valor con una elevada periodicidad.

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El sector del olivar es fundamental en Andalucía, no solo por su relevancia económica, sino también por su impacto social, cultural y ambiental. Andalucía es la principal región productora de aceite de oliva a nivel mundial, representando más del 80% de la producción española y alrededor del 30% de la producción global. Este cultivo es fuente de empleo para miles de familias en zonas rurales y contribuye a la fijación de la población en estas áreas. Dada su importancia estratégica, la correcta gestión de las plagas que afectan al olivar, como la mosca del olivo, es esencial para garantizar la calidad y la sostenibilidad de la producción. A través de una adecuada gestión de estas plagas, se puede aumentar la rentabilidad de las explotaciones olivareras al minimizar pérdidas y mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

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En la Unión Europea, la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece un marco de actuación comunitario para el uso sostenible de los productos fitosanitarios. Esta normativa es fundamental en la regulación del uso de plaguicidas y obliga a los agricultores a aplicar los principios de la GIP a partir del 1 de enero de 2014.  En España, esta directiva se ha transpuesto a través del Real Decreto 1311/2012, siendo la principal normativa que regula el uso de productos fitosanitarios en España. Este decreto establece la obligatoriedad de aplicar los principios de la GIP, lo que implica que los agricultores deben realizar un uso integrado y racional de los métodos de control de plagas, priorizando aquellos que sean menos nocivos para el entorno y favorezcan la biodiversidad. Por otro lado, como apoyo a esta normativa, en España existe un Plan nacional de acción para el uso sostenible de productos fitosanitarios, que se va actualizando cada año. Además de una guía de gestión integrada de plagas para el sector del olivar. En conclusión, la Gestión Integrada de Plagas en el sector del olivar y en la agricultura en general es fundamental para lograr una producción agrícola más eficiente, sostenible y respetuosa con el entorno. La normativa vigente en España y la Unión Europea exige la aplicación de estos principios, que no solo responden a una necesidad medioambiental, sino también a la búsqueda de soluciones innovadoras y económicamente viables para el futuro del sector.